¿Qué son las asociaciones público-privadas?

No hay una definición extensamente aceptada sobre qué significa una asociación público-privada (APP). En líneas generales, una asociación público-privada se refiere a un acuerdo entre el sector público y el sector privado en el que parte de los servicios o labores que son responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio público o de la infraestructura pública. Usualmente, no incluye contratos de servicios ni contratos llave en mano, ya que estos son considerados como proyectos de contratación pública, o de privatización de servicios públicos en los que existe un role continuo y limitado del sector público.

El rango de los acuerdos que son usualmente clasificados como proyectos de APP están ilustrados en más detalle en Contratos de asociaciones público-privadas y Tipos de acuerdos de APP.

Existe un incremento en el número de países que incluyen una definición de una Asociación Público-Privada dentro de sus leyes, vea Leyes de Asociaciones Público-Privadas por País, y cada uno lo hace de manera que esta definición se adecue a sus instituciones y las particularidades de su legislación. Para muestra de leyes, visite Leyes y Regulación de las Asociaciones Público-Privadas.

En algunas jurisdicciones, y específicamente aquellas que se rigen bajo el código napoleónico, se diferencia un contrato público de una APP. En un contrato público, como una concesión, el sector privado provee directamente un servicio al público, por lo tanto asume el riesgo del consumidor final.

En una APP, el sector privado suministra un servicio al sector público directamente, como en un contrato de Construcción, Operación y Transferencia de una planta de tratamiento de aguas residuales, o un servicio por uso como en la operación de un hospital.

En otros países, hay sectores específicos que no se consideran dentro de la definición de las APP, tales como el sector de telecomunicaciones, ya que están regulados de una manera eficiente o existe un sustancial aporte de parte del sector privado. En otros países, se excluye de la definición de asociaciones público privadas a acuerdos en los que hay más limitaciones para transferir riesgo por razones institucionales, como los contratos de administración, ya que las autoridades prefieren otorgar servicios a través de un proceso más tradicional de contratación.